Trabajadores del Indec calcularon un “salario mínimo y necesario” de más de 85 mil pesos en enero

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La Junta Interna de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) aseguró que el salario “mínimo y necesario” de un agente de la actividad debería haber ascendido en enero último a 85.590 pesos.

Un informe firmado por los delegados Raúl Llaneza, Marcela Almeida y Fabio Peñalva sostuvo que un hogar constituido por una pareja de 35 años y dos hijos en edad escolar requirió en enero 85.590 pesos para satisfacer sus necesidades, y explicó que ese valor se integró con 28.910,50 pesos para adquirir una canasta alimentaria mínima y otros 56.679,50 pesos para acceder a otros bienes y servicios básicos.

Los dirigentes señalaron que las canastas para el ejercicio no son las utilizadas por el organismo para medir la pobreza, que ese mes alcanzó los 56.459 pesos para una familia tipo, sino que son las de “Consumos Mínimos” y surgieron como propuesta metodológica innovadora en el Indec, que aún no aplicaron las mediciones oficiales.

Esas canastas indican un piso para que cada asalariado pueda cubrir las necesidades básicas de su núcleo familiar y no caiga bajo la línea de pobreza, por lo que ningún trabajador debería ganar menos que ese valor de bolsillo calculado en el ejercicio.

“El ejercicio de ‘Canasta de Consumos Mínimos’ es un cálculo que constituye un sólido argumento para que los paritarios exijan la reapertura de las paritarias y un piso salarial.

No es posible continuar desoyendo los reclamos surgidos de los datos. Los trabajadores de la Administración Pública Nacional no dejaron de cumplir sus tareas desde el 20 de marzo de 2020, cuando de forma súbita debieron trasladarlo a sus hogares y acomodaron desde computadoras hasta horarios familiares por la realidad remota”, indicó el informe.

También sostuvo que los gastos de conectividad y teléfono, por ejemplo, son solventados con “los propios y magros ingresos” del personal, a lo que se suma “el atraso respecto de la inflación, lo que provoca una situación insostenible”, añadieron los dirigentes.

Los trabajadores del Indec ratificaron la necesidad de que el Gobierno nacional reconozca “la deuda que el Estado mantiene con los estatales, que el bono o suma fija de 4 mil pesos y el posterior refuerzo de diciembre sea extendido a todo el personal precarizado, que otorgue un aumento de emergencia del 35 por ciento, que anticipe en una cuota el 14 por ciento acordado en la última paritaria con la ATE y la UPCN” y que produzca el pase a planta permanente, independientemente de la relación contractual y sin discriminación”.

El estudio sostuvo que el último informe del IPC mantuvo una tendencia que preocupa a quienes viven de su salario porque ataca sin discriminación a los trabajadores formales informales, a los pasivos o a aquellos que requieren la asistencia estatal, es decir, “la suba sostenida del precio de los alimentos, que acumuló el 42,3 por ciento, una de las tres categorías de la canasta con aumentos más altos del último año”.

Para los dirigentes, los últimos aumentos de combustibles (ya hubo 7 en 6 meses) impactará en los precios de los productos de la canasta familiar, por lo que “es imprescindible determinar una política de precios y un control para que los alimentos lleguen a las mesas familiares, lo que es una obligación del Gobierno, que debe evitar que los empresarios y las grandes cadenas de supermercados se enriquezcan más”.

“Ello siempre se produce a costa del ingreso de los trabajadores. Es indispensable que el Gobierno incluya en la agenda económica la generación de puestos de trabajo de calidad y que revierta la tendencia de pérdida salarial. En el tercer trimestre de 2020, el 70 por ciento de la población ocupada -con ingresos- ganaba por debajo de 38.000 pesos. Los estatales continúan siendo los grandes perdedores, ya que los incrementos que recibieron difícilmente puedan ganarle o empatarle a la inflación”, aseguraron.

El 16 de diciembre último la ATE y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) que lideran Hugo Godoy y Andrés Rodríguez a nivel nacional convinieron con el Gobierno en el Ministerio de Trabajo un aumento paritario del 18 por ciento en tres cuotas (4 en febrero, 6 en marzo y 8 en mayo) sobre los ingresos vigentes a septiembre de 2020.

La paritaria estatal expira el 31 de mayo, por lo que de forma previa a esa fecha ambas organizaciones sindicales deberán negociar el acuerdo paritario para 2021-22.

También ese acuerdo contempló la continuidad del pago de la suma fija de 4.000 pesos y un bono de fin de año por otros 4.000 para el personal cuyos salarios brutos a enero de 2020 no superen los 60.000 pesos, pero “la inflación acumulada entre noviembre de 2015 y enero de 2021 fue del 481,20 por ciento, la acumulada interanual del 38,5 y, la pérdida del poder adquisitivo respecto de noviembre de 2015 de un ingreso para la categoría DO en diciembre último, sumó igual porcentaje”.

“Entre noviembre de 2015 y enero de 2021 la pérdida de poder adquisitivo de un salario estatal ascendió a 719.362 pesos; entre noviembre de aquel año y noviembre de 2019 a 438.435 pesos y, entre enero de ese año y de 2021, a 172.807 pesos”, aseguraron.

Según el estudio, en cinco años el salario de referencia percibido en diciembre 2015, actualizado a pesos de noviembre 2020, debería ser de 59.229 pesos y no de 33.886.

En relación con el sector estatal monotributista, el informe sostuvo que “la situación es peor que la de aquellos incluidos en el convenio colectivo, ya que a la pérdida de poder adquisitivo general se suma la no percepción de medios aguinaldos, presentismo y las exiguas sumas fijas que el Gobierno otorgó como un mero paliativo”.

“Por ejemplo, si se toma el salario mensual de bolsillo -con el último aumento- que asciende a 31.439 pesos, en 38 meses un monotributista perdió 297.126 pesos, y aun con ese incremento de haberes la pérdida es equivalente a más de 8 sueldos”, afirmó.

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