La pesca ilegal y la no reglamentada generan pérdidas de hasta US$ 2 mil millones anuales, destruye empleo y amenaza el ecosistema

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La pesca ilegal, principalmente la que ocurre en las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y la no reglamentada en aguas adyacentes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) representan, al menos, una pérdida para el país de entre mil y dos mil millones de dólares al año, según estimaciones de especialistas.

La actividad ilegal constituye, además, una amenaza a la conservación del ecosistema y las especies marítimas y al realizarse sin control, y afecta de manera directa al calamar, la merluza y el abadejo.

El director ejecutivo de la Organización para la Protección de los Recursos Pesqueros (Opras), Eduardo Pucci, indicó a la agencia de noticias Télam que “la pesca ilegal tiene 3 componentes: la ilícita propiamente dicha, que se realiza en ausencia de permisos; la no declarada, y la no reglamentada”.

Los cálculos, elaborados en base a registros y estimaciones, indican que la captura de peces en los archipiélagos oscila entre 200 mil y 400 mil toneladas al año, y la pesca no reglamentada alcanza las 300 mil.

En relación con Malvinas, la explotación ilegítima de los recursos ictícolas por parte de Gran Bretaña se remonta al 1986, cuando el Gobierno británico autorizó a los isleños a utilizar y comerciar licencias de pesca.

Desde entonces, la economía de Malvinas se reconvirtió y la actividad piscícola pasó a representar más del 90 por ciento del total de las exportaciones,  con la generación de recurso por, al menos, 500 millones de dólares anuales, de acuerdo con estimaciones brindadas por el secretario ejecutivo del Museo Malvinas, Juan Augusto Rattenbach.

El Gobierno actual decidió discontinuar el intercambio de información pesquera con la administración británica que ocupa Malvinas e impulsó la ley que crea un consejo consultivo sobre los archipiélagos.

También se adoptó la nueva demarcación de la Plataforma Continental Argentina, que implica la ampliación de 1.782.000 kilómetros cuadrados de nuestro territorio y había sido aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2017.

Asimismo, el Congreso tiene en tratamiento un proyecto de ley que prevé aumentar las sanciones por la pesca ilegal en territorio argentino,  con una pena mínima equivalente a 500.000 litros de combustible (que a valores actuales rondaría los 25 millones de pesos) y una máxima de 156 millones de pesos, a precio actual del gasoil.

“La extensión que plasma el nuevo mapa es trascendental porque no está solamente en juego un espacio territorial marítimo, sino también los recursos naturales que devienen en un potencial para el desarrollo económico de nuestra Nación”, explicó Rattenbach.

En tanto, Eduardo Pucci aseguró que “la extensión de la plataforma tiene una enorme importancia geopolítica”, pero aclaró que “no tiene potestad sobre los recursos pesqueros más allá de la milla 200, sino sobre la exploración y explotación de los recursos minerales y no vivos y los vivos sedentarios”.

Semanas atrás, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Carlos Liberman, sostuvo que “el combate de la pesca ilegal es una prioridad absoluta” y que la que principalmente afecta a Argentina es “la que se da en aguas de Malvinas”.

En esa línea, destacó que en el 2020 se capturaron “tres barcos, que es una cifra muy importante y hacía 15 años que no se alcanzaba esa cantidad en la temporada”.

La pesca no reglamentada se produce en aguas internacionales adyacentes a la ZEE; es decir, más allá de la milla 200 y del alcance de la legislación del Estado nacional.

“Es inadmisible que un área de esa extensión y complejidad de biodiversidad no tenga un ordenamiento, situación que aprovechan las flotas extranjeras para operar en forma indiscriminada y sin ninguna regulación”, aseguró Pucci.

De acuerdo con sus estimaciones, esta actividad alcanzaría como mínimo las 300 mil toneladas por año, con un valor aproximado a los mil millones de dólares.

Además del riesgo ambiental y el desfalco económico inmediato, Pucci resaltó que con la pesca no reglamentada “lo que más se afecta es el desarrollo pesquero argentino”, ya que la industria nacional debe competir contra “depredadores que explotan recursos sin respetar procesos, ciclos ni regulaciones”, lo que abarata sus costos.

Al respecto, Rattenbach señaló que, a la enajenación de recursos e ingresos, hay que sumarle “la pérdida de puestos de trabajo directos de la actividad e indirectos como, por ejemplo, la construcción de navíos de industria nacional o mantenimiento de flotas”.

“En aguas adyacentes los únicos que cumplen las reglas son los buques argentinos, el resto violan el deber de cooperación, el principio ecosistémico y de pesca responsables, sin tomar en cuenta ninguna medida de conservación”, remarcó Pucci.

“Es imprescindible regular la pesca en las zonas adyacentes a la ZEE porque son recursos transzonales, dado que los peces no permanecen estáticos si no que van migrando; entonces el país costero aporta ese recurso y se ve afectado porque se lo pesca afuera con total desregulación”, concluyó.

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