La inversión en espacios para la primera infancia puede generar más de un millón de empleos y una suba de 5,3 puntos del PBI

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Elevar la cobertura de los jardines de infantes y espacios de primera infancia del actual 32 al 67 por ciento impactaría en el mercado laboral con la generación de 1.285.000 nuevos puestos de trabajo y en la economía con una suba de 5,3 puntos del PBI, según un estudio del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

El trabajo, presentado por la directora de Protección Social del Cippec, Gala Diaz Langou, propone, entre varias recomendaciones, que el organismo que conduzca las políticas de género debe tener poder de articulación con ministerios y provincias, manejo de la información y asignación de recursos suficientes.

El libro “El Género del Trabajo”, presentado hoy, reúne la labor de los equipos del Cippec con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El trabajo destaca la “urgencia” de estas políticas porque hay en la práctica una “vulneración de derechos de la mitad de la población” y porque la inclusión impacta en la economía nacional con “reducción de la pobreza y retornos económicos muy grandes que pueden cambiar el ciclo económico”, afirmó Díaz Langou.

La especialista advirtió que las brechas que hoy persisten “crecerán en el futuro”, tanto por la “transición demográfica” como por la “automatización” de tareas repetitivas que se observa en el futuro mediato.

Según el informe “persisten brechas de unos 20 puntos porcentuales en las tasas de actividad y empleo de mujeres y varones; las mujeres tienen más probabilidades de estar desempleadas, subocupadas o de trabajar en la informalidad o en sectores peor remunerados”.

“Esas brechas se profundizan para las mujeres jóvenes, de menor nivel de ingresos, de bajo nivel educativo y con más responsabilidades de cuidado” ya sea de menores de edad como de adultos mayores.

El informe concluyó que el 76 por ciento de las trabajadoras de servicio doméstico pertenece al mercado informal, es decir que no están registradas como empleadas, y su salario promedio se ubica por debajo de los 10 mil pesos.

En cambio, la construcción, con similares requisitos para su desempeño con escasa participación de mujeres, llega a una informalidad femenina del 38,4 por ciento e ingresos promedio por 13 mil pesos.

El estudio identifica los tres determinantes principales de la participación económica de las mujeres: el cuidado y el trabajo doméstico no remunerado; las normas sociales de género y los sesgos y la educación.

“La voluntad política es una condición necesaria para avanzar en acciones para promover la autonomía económica de las mujeres”, afirmó Díaz Langou, quien señaló que “en épocas recesivas es fundamental priorizar dos tipos de políticas: las que protejan a la población más vulnerable y las que tengan un potencial mayor de reactivar la economía”.

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