Piden amparo para frenar un contrato de YPF que pone en riesgo más de 2 mil empleos por la construcción de barcazas en Paraguay

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El gremio de trabajadores marítimos, portuarios y de la industria naval se sumó a las acciones sector empresarial para frenar la decisión del gobierno de construir buques en el exterior, a ser utilizados en el transporte de hidrocarburos en vías fluviales argentinas y en tareas logísticas en la Antártida, lo que pone en riesgo unos 2.200 mil puestos de trabajo en el sector, según denunció.

La Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (Fempinra) presentó un amparo en el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 de la Capital Federal para exigir la declaración de “ilegalidad, inconstitucionalidad y nulidad” de la adjudicación por parte de YPF de un contrato de transporte de hidrocarburos en el corredor San Lorenzo-Barranqueras a la empresa Horamar, que construirá las barcazas necesarias para la tarea en Paraguay.

La demanda también pide que se declare inconstitucional el decreto 668/19, que autoriza al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas a tomar un crédito para la adquisición del buque polar logístico antártico, que la Fempinra estima que se construirá en otro país.

“Estamos preocupados por la situación de los 200 trabajadores marítimos que podrían perder sus empleos a raíz de una licitación que se está haciendo a las apuradas y de los 2000 compañeros que hoy se desempeñan en astilleros que están con capacidad ociosa mientras los barcos se construyen afuera”, sostuvo el secretario general de la federación, Juan Carlos Schmid.

En el amparo, la Fempinra sostiene que el servicio de remolcadores y de transporte de hidrocarburos en el corredor San Lorenzo-Barranqueras “lo viene realizando en forma impecable, sin conflictos comerciales ni sindicales y con un precio totalmente razonable pactado pacíficamente entre las partes, e incluso impuesto por YPF, desde hace más de 25 años, la empresa National Shipping, con trabajadores argentinos”.

“La decisión de otorgar la concesión de tal servicio a otra empresa, implica que todos aquellos trabajadores que actualmente se encuentran trabajando para National Shipping, perderán irremediablemente sus puestos de trabajo en el caso en que se consolide esta contratación que consideramos de carácter inconstitucional y lesiva”, reafirmó Schmid, que también conduce la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).

La Cámara de la Industria Naval (CINA) ya había presentado una denuncia en la Oficina Anticorrupción para que “se investigue si se cometieron irregularidades en el proceso licitatorio a la empresa Horamar a partir de enero de 2021.

La titular de la entidad empresarial, Silvia Martínez, explicó que el principal argumento en la denuncia es que la construcción de las barcazas en astilleros de bandera paraguaya viola el artículo 15 de la Ley 27.418 de Promoción de la Industria Naval, que solo permite recurrir a la construcción de buques en el extranjero previo informe fundado y elaborado por la Comisión Asesora de la Industria Naval.

“YPF y el Estado, en lugar de favorecer la producción, fabricación y compra nacional, admite, a pesar de que la industria naval está paralizada, que la construcción se haga en Paraguay y la construcción de un Buque Polar en Astilleros de la Comunidad de Galicia, esto es decide comprar trabajo extranjero”, resaltó hoy Schmid, al anunciar la presentación del amparo.

El líder sindical precisó que “la industria naval argentina concentra al menos cien empresas, que tienen 6 mil empleados, pero sostienen otros 12 mil puestos indirectos”, por lo que existe “una gravísima lesión constitucional que de no impedir con absoluta urgencia su continuidad, afectará en forma inexorable derechos constitucionales, tanto individuales como colectivos de los trabajadores y de esta organización gremial, y fundamentalmente el derecho humano al trabajo”.

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