Tomada: la calidad del trabajo y la recuperación de los salarios deben ser la urgencia del próximo gobierno

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El trabajo precario y la pérdida de poder de compra de los salarios serán las dos prioridades más urgentes que buscará resolver la alianza Frente de Todos en caso de ganar las elecciones generales, según analizó el exministro de Trabajo, Carlos Tomada, referente del binomio Fernández-Fernández en cuestiones del mercado laboral.

Abogado laboralista, docente en la UBA, formado en post grado sobre problemas del trabajo y relaciones laborales en universidades de España e Italia, el hoy legislador porteño acredita ser el ministro de Trabajo que durante más tiempo ocupó el cargo (2003-2015).

En una entrevista con GVA Info, Tomada sostuvo que un acuerdo colectivo de precios, tarifas y salarios “acompasados” permitirá controlar la inflación y recuperar el poder adquisitivo; enfatizó sobre la importancia de retomar la lucha contra el trabajo informal; se pronunció por mejorar la organización del mercado laboral en pos de aumentar la competitividad, y confió en que tanto empresarios como gremialistas puedan “estar a la altura” de entendimientos tripartitos, en los que un eventual gobierno del Frente de Todos ejercerá “una enorme voluntad de diálogo”.

¿Qué medidas debería tomar el próximo gobierno en materia laboral?

Antes se impone una primera reflexión. Existe un diagnóstico compartido, me parece, sobre qué país hallará el próximo Ejecutivo. De esa realidad tendrían que emerger esas medidas.

Uno de los grandes problemas que dejará el actual gobierno es la hipoteca del empleo precario y la brutal caída del salario, que se profundizará hasta diciembre próximo. Las acciones de la nueva administración deberían encaminarse hacia ese lado.

El empleo precario es un grave problema. La desocupación no aumentó porque los trabajadores ocupados sin trabajo registrado pasaron a integrar el segmento del empleo precario, con lo que consolidó un proceso muy peligroso, y hoy es una proporción muy importante de la estructura del empleo en la Argentina. Esa instancia significa carecer de protección social, de derechos, de salud, de jubilación. Eso convierte al trabajador en un ciudadano rebasado de incertidumbres. Creo que ese será el primer eje del próximo gobierno: procurar la formalización de la mayor cantidad de empleo.

¿Cómo?

Con diversas medidas, como regular los nuevos trabajos a partir de una legislación que otorgue derechos a los nuevos trabajadores. Por ejemplo, a los empleados de las plataformas. También debería regularse mucho mejor la figura de la terciarización para evitar el fraude precarizador. Hay que reubicar otra vez el empleo público y emerger de la estigmatización en la que fue insertado estos años y ofrecer una continuidad absoluta al combate contra el trabajo en negro, abandonado por completo desde 2015.

Hay que utilizar toda la tecnología y los instrumentos disponibles para fiscalizar mejor, lo que hoy no se hace. Si existe la inteligencia para inventar aplicaciones para cualquier cosa, ¿cómo no puede haberla para fiscalizar el trabajo no registrado desde la computadora, por ejemplo?

Habrá que trabajar mucho en esos aspectos. El trabajo no registrado se relaciona con la calidad de vida, con el financiamiento de la seguridad social, con los valores de igualdad ciudadana. Porque un trabajador sin derechos es un ciudadano de segunda. Allí habrá una importante tarea que realizar desde el primer día.

Y los salarios, ¿cómo se podrán recuperar?

La manera dependerá de cómo se reciba el país. Pero la idea es que haya un acuerdo de precios, tarifas y salarios. No puede volver a haber tarifas creciendo al 1.000 por ciento, precios al 500 por ciento y salarios al 200 por ciento.

Continuará habiendo inflación luego de diciembre, pero se procurará reducirla y acompasarla con precios, tarifas y salarios. Hay que hallar mecanismos que requerirán de una gran responsabilidad social de los empresarios. No puede continuar el discurso de “todos tienen que hacer esfuerzos”. Hasta ahora los esfuerzos los hicieron los trabajadores de los sectores bajos, medios e inclusive altos; los humildes y las capas vulnerables y los desocupados. Para lo que viene debe haber un esfuerzo colectivo, pero hay que imponer lo que denomino una jerarquía del esfuerzo. La famosa responsabilidad social empresaria tendrá que expresarse.

Además, deberá haber de arranque un esfuerzo respecto de una decisión política gubernamental en relación con las jubilaciones, pensiones, salarios y Asignación Universal por Hijo (AUH) para los sectores tanto público como privado. Eso no debería dar lugar a un incremento de la inflación, porque el próximo gobierno asumirá con una realidad de salarios absolutamente de miseria. Esos salarios no tendrán el menor peso en la estructura de costos.

Los precios, que están absolutamente disparados, deberán aguantar. Primero tendrá que corregirse el ingreso en general –salarios y jubilaciones y pensiones- y, entonces, lentamente, comenzar a ponerse en marcha la economía con el consumo, también sobre la base de un escenario más razonable por el acuerdo colectivo y acompasado. Ese debería ser el plan de cuatro años, que implicará un proceso sistemático de descenso de la inflación y con recuperación salarial. Es posible.

Usted se refirió a trabajo precario, informalidad laboral, salarios y poder adquisitivo. ¿Y la desocupación?

Es otro de los problemas y habrá que abordarlo. Además de un necesario crecimiento económico orientado a la generación de empleo, tendrán que aplicarse políticas activas al respecto. Existen instrumentos que el actual gobierno despreció y desfinanció. Habrá que ponerlos en marcha otra vez. Como el estímulo a los jóvenes para que accedan a un trabajo y relacionar la formación profesional mucho más profundamente con el ingreso a los nuevos puestos de labor, porque hoy existen puestos de trabajo que se crean y no hay mano de obra calificada. Esa es una dinámica que no es posible descuidar.

Hasta hace poco se hablaba de flexibilización laboral atada a la generación de empleo y la competitividad. Ahora se habla de modernización de las relaciones laborales o adaptación de los convenios colectivos. ¿Cuál es su opinión?

Hay que revitalizar la negociación colectiva o paritaria. Durante nuestro gobierno estuvo cooptada por la puja distributiva en especial. Pero de todas formas se produjeron modificaciones de las condiciones de trabajo, aunque pocas. Ahora habrá que pensar en una negociación colectiva no en contra de los trabajadores sino a favor de su mejor organización o de un mejor trabajo. Porque cada vez que se habla de modificar los convenios colectivos, en la cabeza del gobierno de turno se privilegia cómo quitar determinados derechos. Hoy hay que ser más productivos y competitivos, pero jamás a costa de derechos. Hay que ubicar bajo un paraguas los derechos y garantías de los trabajadores en los convenios colectivos y discutir lo relacionado con la organización del trabajo, siempre cuidando de no caer en un incremento de la productividad relacionado con la intensificación de las tareas.

Simplificar, creer y difundir que el aumento de la productividad viene por el lado de la degradación de las condiciones laborales es un espanto, una postura decimonónica y, además, significa negar todo. Esta es una discusión espantosa, y se toma con una naturalidad que me aterra. Existe una carrera hacia abajo por ser amables con las inversiones solo para saber quién y cómo ofrece un país con menores condiciones de trabajo. Eso repugna el espíritu de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que, en su reciente Declaración del Centenario, en la última Conferencia Mundial, retomó su espíritu fundacional y planteó de forma clara que el trabajo no es una mercancía y que jamás habrá paz en el orbe en ausencia de justicia social.

¿Es posible en Argentina el diálogo social tripartito que postula la OIT para abordar el futuro del trabajo?

La nueva etapa argentina supera ese futuro del trabajo. Un acuerdo entre las tres patas que constituyen la OIT –gobierno, empresas y sindicatos- hoy es necesario. Reducir ese acuerdo solo a precios y salarios es precisamente una reducción. Hablar de pacto social en la Argentina significa reconocer que esas instancias tuvieron un éxito relativo. O que fracasaron.

La idea es hallar nuevos puntos a compartir por el conjunto de la sociedad. También existe la grieta en ese sentido. El principal obstáculo de estos acuerdos es que todos van a la mesa de diálogo para analizar qué se llevan y no qué ponen. Alguna vez hay que pensar que en el nuevo acuerdo los que ponen deben ser los que más tienen, y todos al mismo tiempo deben generar las condiciones para que el país crezca, porque es la única manera de distribuir mejor el ingreso, sin conflictos.

El sector empleador argentino se abstuvo en la votación de la Declaración del Centenario de la OIT sobre el futuro del trabajo. ¿Cómo podría construirse ese acuerdo sin conflictos?

Pareciera para ese sector que los únicos que tienen que hacer aportes son los trabajadores a partir de la aceptación de la flexibilidad. Durante este gobierno ocurrieron cosas muy graves, como los casos de empresarios que adoptaron decisiones arrasadoras. Eso solo lo hace el mundo patronal cuando tiene un gobierno que lo permite porque lo banca con la Justicia, la Gendarmería, el Ejecutivo. Solo así se anima a mandar 357 telegramas de despido sin asco (NdeR: en referencia a la agencia de noticias Télam).

Los empresarios tendrán que comprender desde diciembre próximo que tienen mucho para aportar. Todos quieren que les vaya bien. Se necesita una Argentina industrial. No es una cuestión de capricho o de pelearse con alguien. El país crecerá con industria y empleo de calidad y no de otra manera. Tiene ese destino. Por aquí pasó Juan Domingo Perón y llegaron los inmigrantes, que se deslomaron para hacer un aporte extraordinario a ese crecimiento nacional.

En la Argentina, la teoría del derrame no funciona. Todos esperamos que los empresarios en la próxima etapa estén a la altura de las circunstancias. Algunos están muy dispuestos. Y, mucho más que el próximo gobierno, deberán ser quienes convenzan a los otros empresarios de que la tendrán que poner. Literalmente. Que tendrán que ser flexibles e invertir en investigación y desarrollo, en capacitación de los trabajadores. Solo eso se pretende y no que paguen licencias.

Y el movimiento obrero, ¿está preparado para ese diálogo social?

Los trabajadores asisten a una rara situación. En el movimiento obrero existe hoy una bastante razonable unidad política y una fragmentación aún importante a nivel institucional. Hay al menos cuatro o cinco agrupaciones que conviven en aras de un proyecto político que comparten.

El no compromiso de los empresarios en aras de aquel acuerdo y la ausencia de capacidad de ordenar a sus representantes por parte del movimiento obrero serían dos obstáculos a futuro. Pero confío en que los empresarios asuman su responsabilidad en la nueva etapa y que los sindicatos inicien un proceso unitario, en tanto confluyan y no compitan entre sí en la búsqueda de una postura común para aquel acuerdo imprescindible.

Si eso ocurriese, el acuerdo tendrá éxito, porque en una central única y no debidamente afiatada firma el secretario general y abajo todos hacen luego lo que quieren. Cinco grupos sindicales firmando representan referencias que exigen el cumplimiento de la norma. Eso ayuda a una mayor representatividad del conjunto del movimiento obrero.

La tercera pata del diálogo social es el gobierno. Si ese gobierno fuera el del Frente de Todos ¿qué rol va a tener para fomentar el tripartismo?

El país asistirá a la posibilidad de un gobierno con una enorme vocación de diálogo. De verdad. Así como hubo gobiernos que entendieron que el diálogo o la búsqueda de ese tipo de acuerdos expresa debilidad, el próximo Ejecutivo piensa y está convencido de que una de sus fortalezas será la capacidad de diálogo. Y la mejor manera de demostrarlo a la sociedad es a través de acuerdos de ese tipo. Incluso para avanzar con otros mayores y más profundos.    

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