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La CTA Autónoma planea paros en rechazo al laudo sobre el salario mínimo y la CGT esperará el resultado electoral

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La falta de acuerdo entre trabajadores y empleadores para fijar un nuevo salario mínimo y el laudo del gobierno que dejó el haber a mitad de camino de lo que proponían las centrales obreras y más cerca de la pretensión patronal, generó el rechazo unánime de los sindicalistas pero también reacciones disímiles para expresarlo, unos con previsiones de medidas de fuerza y otros con el horizonte puesto en las elecciones de octubre.

La reunión del Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil duró apenas una hora y media y, como era previsible, fracasó en el intento de encontrar consenso entre la propuesta de la CGT y las dos CTA de llevar el haber de 12.500 pesos al último valor de la canasta básica total, medida por el Indec, de 31.900 pesos, y el ofrecimiento de las organizaciones empresariales de aumentarlo 30 por ciento en dos cuotas, que lo habría dejado en 16.500 pesos.

El laudo del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, también previsible, determinó, finalmente, que el salario mínimo sea actualizado en tres cuotas que suman 35 por ciento, con lo que el nuevo haber será de 16.875 pesos, que lo separa 52 puntos porcentuales del valor de la canasta básica total de julio, que aspiraban los gremios.

En cambio, la decisión ministerial estuvo muy cerca de las propuestas de la Unión Industrial, la Cámara de Comercio, las entidades ruralistas y demás organizaciones de empleadores que participaron de la reunión, ya que la diferencia fijada en el laudo resultó de apenas 375 pesos.

La aspiración de los empresarios era que la actualización del salario mínimo, es decir, el piso que deben percibir los trabajadores no encuadrados en los convenios colectivos, no impulsara la reapertura de paritarias ya cerradas.

“En 2018 el mínimo fue modificado solo en un 25 por ciento, cuando el dólar valía entonces 20 pesos”, pero desde entonces “hubo una devaluación del 200 por ciento, lo que tiene impacto real y concreto sobre los alimentos y consumos sensibles de los sectores más vulnerables. En el resto del mundo se toma el 60 por ciento del promedio salarial, que ronda los 30 mil pesos. Además, el gobierno decidió que el ingreso mínimo no sea acumulativo”, objetó el cosecretario general de la CGT, Héctor Daer.

Además, “no se acordó tampoco una actualización del mínimo por cláusula gatillo”, añadió el dirigente del gremio de la sanidad, que, no obstante, descartó que esa central obrera declare medidas de fuerza, y convocó, en cambio, a modificar “el modelo económico en octubre” para recuperar “los ingresos y construir un país diferente”.

“La inestabilidad y vulnerabilidad de estos días es un termómetro de la situación. La gente ya se expresó con su repudio electoral. El 70 por ciento total de los argentinos rechazó la política económica oficial. Ahora hay que pedirle al Ejecutivo que gobierne y que trate de no hacer sufrir a los sectores más vulnerables”, sostuvo.

En cambio, los gremios nucleados en la CTA Autónoma, que conducen Ricardo Peidro y Hugo Godoy, prometieron que “a partir de septiembre habrá jornadas de lucha”.

Estas organizaciones gremiales fueron las que ayer, en el marco de la reunión del consejo, se movilizaron desde el Obelisco hasta la sede de la cartera de Producción y Trabajo, en Alem al 600.

Godoy, secretario general de ATE y adjunto de la CTAA, ya definió como probable fecha de paro y marchas en todo el país el 10 de septiembre, al igual que docentes de escuelas y universidades y otros gremios, mientras Peidro, que encabeza la conducción de esa central y la del sindicato de visitadores médicos, enfatizó en la necesidad de unificar las protestas.

“No hubo ninguna explicitación sobre por qué el aumento se realizará en tres tramos, pero entendemos que hay dos cuestiones: primero la gravedad de la crisis y la inflación galopante, con la enorme pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras que significan crecimiento de la pobreza y el hambre; y segundo, estamos en el final de ciclo de un gobierno y es evidente que las respuestas que están dando a la crisis son insuficientes”, señaló Godoy.

En tanto, Peidro sostuvo que “el gobierno continúa priorizando a los sectores financieros y a la banca internacional, mientras hay salarios de indigencia”, y explicó que “el ingreso mensual de los cooperativistas es de 7.500 pesos”, y resaltó que “la crisis económica deteriora el escenario social y, las medidas oficiales, solo apuntan a sostener el endeudamiento con los bancos y el Fondo Monetario Internacional”.

El salario mínimo también es valor de referencia para actualizar las jubiliaciones mínimas, las prestaciones por desempleo y algunos programas del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, y es el piso de los salarios docentes.

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